La corrupción, pecado y crimen.

El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco)—dependiente del Consejo de Europa— en su Informe 2016 hecho público recientemente se quejaba de que nuestro país sigue sin cumplir cuatro de las 11 recomendaciones que le hicieron en diciembre de 2013 y que las otras siete se han cumplido solo parcialmente. Los múltiples casos de corrupción que se han hecho públicos —felizmente— se están enjuiciando actualmente en los tribunales y van a ser esclarecidos y castigados pero —desgraciadamente— ponen de manifiesto que hemos permitido, por nuestra desidia moral, que esa práctica se haya generalizado hasta grados escandalosos.

El rechazo y la persecución de la corrupción y de sus miserables prácticas no es solo una obligación política de primer orden sino también una obligación moral y una seña distintiva de todo cristiano. El rigor en la gestión de los recursos públicos y en el cumplimiento de las obligaciones profesionales y económicas ha sido siempre una seña de identidad positiva de lo que ha venido en llamarse la ética protestante, que no es otra cosa que la moralidad cristiana aplicada al trabajo, la actividad empresarial y profesional y al ahorro, y su reivindicación como vías seculares para el ejercicio de las virtudes cardinales.

La corrupción supone la desnaturalización de las instituciones, implica degradar su sentido y su esencia, se produce cuando los responsables políticos, los gobernantes, bajo apariencia de trabajar por el bien común, ejercen las potestades que les confiere la ley no para su fin lícito sino para el aprovechamiento propio y convierten la política en un instrumento de beneficio y enriquecimiento desviado y particular, como dijo aquél conocido político español, en un momento de sinceridad, en una conversación que no sabía que estaba siendo grabada: yo estoy en política para forrarme.

Hay pecado de corrupción —la corrupción es una forma estafa y de robo, un acto contra el séptimo mandamiento—cuando el ejercicio de la política en lugar de ser un instrumento para que toda la sociedad avance y prospere social y económicamente, es una forma de rapiña a favor de personas o de grupos; cuando eso sucede —aunque no se perciban de inmediato los efectos de la podredumbre— todos somos robados, se están poniendo las semillas de la decadencia futura y se está encanallando la vida social. La corrupción no es sino una manifestación gravísima del pecado capital de la avaricia, es una manifestación extrema de egoísmo con gravísimas consecuencias morales, sociales y económicas.

Evidentemente el pecado de corrupción surge de un corazón corrompido, de una conciencia olvidada de Dios, de una voluntad incapaz de generosidad, de altruismo y que sólo busca la satisfacción de su hybris, de su ego: “Donde esté tu tesoro allí estará también tu corazón” (Mt 6, 21). Conocemos el corazón de un hombre o de una mujer , cuando conocemos el tesoro al que ese corazón está referido, estamos hechos de la urdimbre de nuestros “deseos”, que nos pueden liberar y construir o bien destruir y esclavizar, como al monstruoso Gollum, de la novela El Señor de los Anillos.

El egoísmo de las élites políticas, el pecado social y político de la corrupción, se manifiesta de diversas maneras pero se podrían catalogar todas en dos categorías generales que resumen las más importantes desviaciones en las prácticas de buen gobierno: la malversación y el clientelismo.

La malversación en un sentido amplio consiste en la utilización de las potestades y recursos públicos no en provecho del interés general, sino empleándolos o desviándolos ilícitamente en beneficio propio o de otros grupos o particulares.

El clientelismo es una forma de corrupción mas difusa e insidiosa, porque en ocasiones es difícil de percibir; podríamos definirlo como una sumisión del poder político al servicio de los intereses de sus “clientes” es decir de particulares, personas y grupos, que a su vez patrocinan a aquellos que les favorecen.

Cuando la corrupción infecta nuestras instituciones las decisiones sobre prioridades y asignación de recursos no se toman en función de las necesidades reales ni de las soluciones más eficaces para atender el interés general sino que se hacen en virtud de intereses ilícitos y particulares. La consecuencia de estas prácticas en el desarrollo económico son gravísimas y comprometen nuestro futuro porque dan lugar a la asignación ineficaz de recursos, a la malversación del dinero público, a la pérdida de competitividad de nuestro país, desalientan el trabajo honrado y el emprendimiento, lastran el desarrollo de la actividad económica y producen una desmoralización general de la ciudadanía que llega a perder la confianza en lo público.

No nos lo podemos permitir de ninguna manera.